La resolución demanda una política migratoria europea que ponga fin a esta crisis humanitaria, priorizando el trato digno y el respeto a los derechos humanos. En el documento se exige “que la distinción jurídica entre personas refugiadas y migrantes no se haga a costa de los derechos de las personas definidas como ‘migrantes económicos’, recordando que no existe una emigración más legítima que otra y que todas las personas tienen derecho a optar a una vida mejor y a que sus derechos se vean plenamente respetados, cuando cada vez es más difícil distinguir las causas que los diferencian”.

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